(...) La Unión complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir la incidencia nociva de las drogas en la salud, entre otras cosas mediante la información y la prevención.
El artículo que comentamos pretende reforzar el prohibicionismo con “información” y “prevención”, entre otras cosas. Es decir, al Estado liberticida va a sumársele el Estado “educador”, el Estado “evangelista”.
¿Quién es la Administración pública para darnos lecciones? ¿Quién es la Administración pública para moralizar con nuestro dinero? Porque somos los ciudadanos los que costeamos, sin previo consentimiento, sus ilustrados consejos. Más allá de la dudosa eficacia de las campañas informativas públicas (¿información o propaganda?), a los burócratas no les asiste derecho alguno a emplear recursos ajenos para promover sus concepciones morales particulares. Es perfectamente legítimo que un individuo intente persuadir a los demás de la bondad de unos determinados valores con todos los medios de que disponga, pero no es lícito que lo haga sirviéndose de un dinero confiscado a terceros.
El Estado educador obliga a la ciudadanía a sufragar sin su consentimiento campañas de sensibilización. Es un despropósito pretender codificar la virtud y el vicio. Los valores incumben a las personas, no a la ley. La tarea de persuadir, de moralizar, corresponde a las personas, a las familias, a las organizaciones, a las iglesias... no a los burócratas.
Estos son algunos de los artículos de la Constitución Europea con las razones de nuestra negativa a votarlos a favor:
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