La ley marco europea podrá establecer normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza derivada del carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad particular de combatirlas según criterios comunes.
Estos ámbitos delictivos son los siguientes: el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada.
Los burócratas paternalistas de Bruselas se disponen a complementar a los Estados miembros en lo que a dictar normas de conducta y patrones morales a sus ciudadanos se refiere. Creen que somos menores de edad y no sabemos lo que nos conviene; ellos, por supuesto, son gente adulta dotada de razón y plenamente informada acerca de cuáles son nuestros intereses. Así que escogen por nosotros, y luego, faltaría más, nos cobran el servicio. Es la fatal arrogancia de los colectivistas, que hoy nos vedan el consumo de drogas y prescriben a las familias lo que deben estudiar sus hijos en la escuela y mañana fijarán por ley la dieta que debemos seguir todos y las horas de deporte diario que debemos practicar. Siempre por nuestro bien, claro, en aras del “interés general”, del “bien común” y de la “justicia social”.
La intervención del Estado es el comodín del colectivista. Si lo que se quiere es erradicar la precariedad se eleva el salario mínimo. Si lo que se quiere es promover el cine nacional se otorgan subvenciones y se establecen cuotas de pantalla. En realidad importa poco que el salario mínimo genere desempleo y las ayudas a la cinematografía autóctona atrofien su desarrollo, pues lo que cuenta son las intenciones (y que los electores den crédito a sus peroratas). Tal es el nefasto círculo vicioso del intervencionismo: el legista percibe un “problema” y emite decretos. El resultado acostumbra a ser un nuevo problema, de dimensiones mayores, a resolver con más intervención pública, que a su vez produce efectos indeseados adicionales. La obscena y arbitraria “guerra contra las drogas” es un reflejo de ello. Además de suponer un flagrante atentado contra la libertad individual, las leyes prohibicionistas han fomentado el crimen, beneficiado a las mafias, lesionado a los consumidores... y por supuesto no han logrado su propósito, que es que aquellos que se drogan dejen de hacerlo. Pero los recalcitrantes burócratas insisten con nuevas medidas intervencionistas, dilapidando el dinero de los ciudadanos, contribuyendo a nuestra inseguridad y encerrando en la cárcel a personas que no han violado los derechos de nadie.
La prohibición poco hace para reducir la demanda y la oferta de narcóticos de igual modo que la infausta Ley Seca no convirtió a los estadounidenses en abstemios ni cerró el grifo del alcohol. Los precios se incrementan en el mercado negro, lo cual apenas afecta a la demanda si ésta es lo suficientemente inelástica. El componente adictivo de la droga así como el hecho de que el Estado grava repetidamente el tabaco y el alcohol para financiarse sugieren que una subida de precios no supone aquí un descenso análogo de la demanda. Además cabe considerar que la prohibición puede ser incluso un aliciente para aquellos que gustan transgredir este tipo de normas. Por otro lado resulta inútil dar caza a los proveedores, pues en tanto exista una demanda de estupefacientes siempre habrá alguien dispuesto a satisfacerla con el fin de enriquecerse, máxime cuando los precios elevados hacen del tráfico de narcóticos un negocio tan lucrativo.
La prohibición incentiva la criminalidad, por cuanto numerosos adictos delinquen para poder sufragar el ascenso del importe de sus dosis. Resultado: más robos y agresiones, más reclusos y más gasto público. Asimismo la ausencia de un mercado saneado afecta a la calidad y a las garantías del producto, lo que puede redundar en perjuicio de la salud del consumidor, que al fin y al cabo es a quien se pretende ayudar.
Este artículo viene a refrendar la ominosa “guerra contra las drogas”, que ataca el libre intercambio cercenando el derecho de la persona a hacer lo que le plazca con su propio cuerpo (pues es “suyo” y no “de otro”) y provocando una retahíla de consecuencias indeseadas. Se trata de una absurda guerra del Estado contra la libertad, el bienestar y la seguridad de los individuos. Otra muestra más de la ingeniería social que esta constitución consagra.
Estos son algunos de los artículos de la Constitución Europea con las razones de nuestra negativa a votarlos a favor:
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