Artículo II-91.2
Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas.
Es evidente que toda persona tiene una preferencia indiscutible hacia el tiempo de ocio. Es por ello, que una persona sólo decide trabajar cuando espera obtener un ocio futuro mayor del que disfruta en el presente sin trabajar.
La decisión sobre cuánto trabajo prevé cada individuo que necesita para obtener una determinada significación de ocio en el futuro le compete solamente a él. Si el Estado pone cortapisas al trabajo, al mismo tiempo está dificultando el alcance de fines que cada individuo valora en particular.
La limitación estatal de la jornada laboral no tiene sentido; por un lado porque es
innecesaria, cada sujeto elegirá el trabajo en función de -aparte del salario y otras consideraciones- la de duración del mismo; y, por otro, porque resulta coercitiva, impide al trabajador incurrir en procesos de ahorro superiores a la limitada jornada laboral.
De hecho, en muchos casos, el Estado con semejantes medidas favorece el mercado informal, al realizarse horas extraordinarias de trabajo que se esconden a la Administración.
No sólo eso, en muchos casos expulsa del mercado a trabajadores, como muchos inmigrantes o jóvenes recién licenciados, que, al principio, tienen una baja productividad marginal. Si el costo de las medidas laborales (limitación de la jornada, vacaciones retribuidas, descansos semanales…) supera a la contribución que tales personas realizan en la empresa, nunca podrán ser contratadas.
Se favorece así una disgregación social que margina a tales individuos –en especial a los inmigrantes. La incapacidad para trabajar conlleva una incapacidad para satisfacer sus necesidades o, al menos, para satisfacerlas a través del mercado y de los intercambios voluntarios.
Ninguna legislación laboral puede ser avanzada en tanto que dificulta las oportunidades para ser contratado. Unas elevadas barreras de entrada, insalvables en muchos casos, suponen, en definitiva, la exclusión social de ciertos individuos favorecida por unos eurócratas desligados de los problemas cotidianos. Sus sueldos, vacaciones pagadas, y descansos –de hecho, su trabajo no consiste en otra cosa que en descansar- sí están asegurados; sus arbitrarias legislaciones laborales no los afectan, otros cargarán con el fardo de su gloria.
