Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general.
La Constitución reconoce la propiedad privada. Sin embargo, hemos de preguntarnos quién es el titular último de ese derecho y, por tanto, si podemos hablar propiamente de derecho o de delegación.
Se nos reconoce el derecho a la propiedad, pero al momento se nos subordina esa propiedad a la utilidad pública. ¿Y qué es esa utilidad pública? La Constitución ni lo define ni salvaguarda, nos remite a unas leyes que aprobarán los eurócratas.
La indefinición del interés general habilita al político a disponer de nuestros bienes como considere oportuno. No los puede sustraer, tan sólo, alegando causas sociales. ¿Quién es pues el propietario? ¿Quién tiene la capacidad de decisión última sobre los bienes? Obviamente el Estado; él es el titular de este derecho de propiedad.
Nosotros, a la luz de este precepto constitucional, deberíamos hablar más bien de precarista; es decir quienes disfrutamos de los bienes por tolerancia ajena. El problema es que en cualquier momento esa tolerancia puede terminarse.
El Estado se apropia de bienes en cuya producción no ha participado. No los obtiene por acuerdo voluntario inter partes, sino por bendición constitucional. El uso de la fuerza queda legitimado en este precepto. La nacionalización de facto de toda nuestra hacienda; seguiremos disfrutando de ella mientras al Estado, su legítimo dueño, no le parezca mal.
Estos son algunos de los artículos de la Constitución Europea con las razones de nuestra negativa a votarlos a favor:
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